Porque la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), una de las más largas del Continente, dejó un Estado sin institucionalidad efectiva, con escasa capacidad de control y supervisión, con fuertes limitaciones para la formulación de políticas públicas y nulo interés en la equidad social.

Porque el régimen dictatorial que dominó el país por 35 años cercenó la posibilidad de desarrollo social y democrático del país, con la violación permanente de los derechos humanos y las libertades públicas.

Porque en parte de la sociedad paraguaya aun persiste una cultura autoritaria que valora los gobiernos de mano dura, producto de la herencia de los regímenes dictatoriales que dominaron la tradición política nacional.

Porque los aprendizajes del pasado son una fuente para construir una sociedad democrática y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación una oportunidad para la construcción de una institucionalidad democrática.

Porque la dictadura de Alfredo Stroessner instaló el miedo como política de Estado, cuyas secuelas aún perviven en la actualidad, e impidió que nuevas generaciones conozcan el pasado reciente y comprendan los problemas e insuficiencias en materia democrática y de derechos humanos.

Porque pese a la importancia histórica y legal del Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia, que condensa la investigación de los hechos de violación de los derechos humanos (desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, exilio de paraguayas y paraguayos, así como la situación de derechos humanos de las niñas y los niños, indígenas, las mujeres, y el tema de tierras rurales mal habidas), acaecidos durante los 35 años de dictadura y los primeros 13 años de transición democrática, su difusión fue escasa y no se han generado cambios en políticas públicas que tiendan a institucionalizar más los derechos humanos.

Porque rescatar de la invisibilidad a los/as luchadores/as por la democracia en época de la dictadura, será favorable al conocimiento de las nuevas generaciones sobre la historia reciente del país y un aporte al cimiento de una cultura de los derechos humanos.

Porque instalar en el debate público el Informe de la Comisión Verdad y Justicia es una oportunidad para generar conciencia de la importancia que la revisión de ese periodo de la historia reciente de nuestro país tiene para la construcción una sociedad democrática.

Porque la apropiación del Informe de la Comisión Verdad y Justicia por parte de la ciudadanía organizada fomentará la participación democrática.