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Comunicado de la Codehupy del 29 de enero de 2010 PDF Imprimir Correo electrónico
Viernes 29 de Enero de 2010 17:24


SÓLO CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS SE DERROTARÁ A LA VIOLENCIA

Ante los cuestionamientos al rol de defensores y defensoras de las organizaciones de derechos humanos y la inobservancia de principios de derechos humanos por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público en el marco de las investigaciones relacionadas con los últimos casos de secuestro ocurridos en el país, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) se dirige a las autoridades nacionales y opinión pública para expresar cuanto sigue:

1. Censuramos firmemente las declaraciones del ministro del Interior, Rafael Filizzola, quien en ejercicio de sus funciones de Ministro encargado de la seguridad interior ha venido reiteradamente asociando a organizaciones sociales, a defensoras, defensores y organizaciones de derechos humanos con los crímenes que investigan la Policía Nacional y el Ministerio Público. Como muestra, en la emisión del viernes 22 de enero del noticiero emitido a las 20 horas por el Sistema Nacional de Televisión Canal 9 expresó que “[...] hay personas que tienen que definirse: o actúan como parte de una organización de derechos humanos o asumen el rol de defensa de las personas que hoy son sospechosas de ser parte de esta organización criminal”.

2. Lamentamos que siendo Rafael Filizzola ministro de un gobierno que se proclamó como alternativa de un cambio dirigido a erradicar el irrespeto a los derechos humanos como patrón de actuación, reproduzca en su actuación pensamientos y prácticas autoritarias propias del tiempo de la dictadura stronista, que desconocen los pilares elementales en que se fundan históricamente los derechos humanos: el respeto a las libertades individuales, las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo.

3. Las declaraciones del Ministro del Interior constituyen, según la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, una amenaza a la labor de organizaciones y personas que actúan como defensoras de estos derechos, que será puesta en conocimiento de los organismos de supervisión internacional en la materia, tanto del MERCOSUR, como de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

4. Estas expresiones reafirman ideas difundidas históricamente por quienes han abusado del poder represivo del Estado, como las de que los derechos humanos sólo sirven a delincuentes y que éstos no deberían ser considerados sujetos de derechos, libertades o garantías como todos y todas. Entendemos que al acudir a estas y otras manifestaciones contrarias a los valores de una sociedad democrática, el ministro Filizzola pretende ejercer sus funciones más allá de la mirada y control de la ciudadanía sobre los principios, métodos y resultados del Ministerio a su cargo, intentando mancillar la labor que las organizaciones de derechos humanos realizamos en este tema.

El razonamiento expuesto por Filizzola es insostenible por absurdo: si admitiéramos que la defensa penal pudiera implicar complicidad, todo profesional del derecho dedicado a este campo pasaría a ser considerado como responsable o cómplice de los hechos atribuidos a las personas que defiende. Cuando la acusación se dirige a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, se agrava la cuestión, pues podría suponerse que precisamente el Estado que está siendo observado en sus actuaciones, busca liberarse de este control desacreditando a quienes lo ejercen.

5. El sentido que sustenta la actuación de una organización como la nuestra es prevenir, impedir y en su caso denunciar los abusos de poder del Estado, así como exigir el acceso a recursos judiciales efectivos para la defensa de las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos y la reparación de los daños que pudieran haber sufrido. En este sentido, las autoridades del gobierno y particularmente el ministro del Interior, deben entender que quien tiene la función de proteger al ciudadano y ciudadana frente a los hechos punibles y la delincuencia es el Estado, y que su deber es hacerlo con un respeto irrestricto a los derechos humanos. Cuando no lo hace, es deber de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos accionar para que esto suceda.

6. Recordamos a las autoridades y a la ciudadanía, que la consigna de las naciones del mundo al suscribir la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) ha sido proclamar “todos los derechos para todos y todas”, bajo la convicción de que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” (Preámbulo de la Declaración Universal). Por lo dicho, un derecho que no puede ser negado a nadie, mucho menos a quienes enfrentan una acusación por parte del Estado, es el de la defensa en juicio. Si el Estado nada tiene que temer en cuanto a la adecuación de sus actuaciones a la ley y a los estándares de derechos humanos, debería no sólo aprobar sino además buscar que las personas a quienes acusa sean defendidas con solvencia. Si con un proceso justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos, el Estado demuestra la culpabilidad de una persona con respecto a un hecho punible, gana en credibilidad y en su camino de construcción democrática, a la vez que garantiza la seguridad de la ciudadanía frente a nuevos crímenes, enjuiciando y condenando a sus responsables reales.

7. Reiteramos que entre los objetivos de nuestra organización, se encuentran brindar apoyo y asesoría jurídica a las personas y organizaciones que lo requieran en casos donde se visualicen violaciones a los derechos humanos, así como la defensa de casos que resulten significativos y paradigmáticos, privilegiando el acceso a la justicia de las personas más desprotegidas de la sociedad. Un patrón de actuación estatal suficientemente demostrado a lo largo de veinte años de vida política post-dictatorial en Paraguay es la represión y criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en numerosos casos de asesinatos, desapariciones, detenciones e imputaciones no demostradas, así como en la frecuentemente deficiente, insuficiente o interesada actuación de instancias como la Fiscalía. Como ejemplo basta ver los 77 casos de asesinatos de activistas y dirigentes sociales relacionados con la lucha por la tierra en el Paraguay entre 1989 y 2005, documentados en el Informe Chokokue1. A esto se suman los más de 2.400 casos de campesinos procesados sin fundamento alguno en los últimos tres años2.

8. La Codehupy ha asumido la defensa de seis de las personas hasta ahora imputadas por hechos presuntamente relacionados con el secuestro de Luis Lindstrom y por sus supuestos vínculos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización que según testigos se ha atribuido el secuestro de Fidel Zavala. Mal podría el ejercicio de esta defensa significar el apoyo o la apología de crímenes, sino que se fundamenta en:


- La necesidad de garantizar un proceso justo y respetuoso de los derechos humanos, considerando que las actuaciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía han mostrado desde el inicio de las detenciones numerosas irregularidades, que la Codehupy explicó ante la ciudadanía en una conferencia de prensa y que son difundidas en nuestro sitio web3. Como ejemplos, no se ha respetado el principio de presunción de inocencia y las imputaciones hechas no detallan elementos que presenten una sospecha sólida y razonable sobre la supuesta vinculación de estas personas con el secuestro de Lindstrom en específico y con el EPP. El realizar o recibir llamadas telefónicas no puede ser el único elemento de sospecha razonable, pues si así fuera cualquier persona que inadvertidamente se comunicara con alguien bajo investigación judicial podría ser considerada cómplice.


- La importancia de impedir que se utilicen las investigaciones sobre los casos de secuestro y sobre las actuaciones atribuidas al EPP como una ocasión propicia para seguir criminalizando a las organizaciones campesinas y a las personas que las integran.

- La convicción de que solamente una investigación sólida y una actuación de las fuerzas públicas, de la Fiscalía y del sistema de justicia que no dejen dudas acerca de los hechos investigados podrán sentar las bases para erradicar la impunidad en Paraguay.

9. La Codehupy ratifica su rechazo a la violencia como método político, reitera su adhesión a una cultura de paz y no violencia y condena cualquier atentado a la vida, a la integridad y a la libertad personales, en todas sus expresiones, incluyendo los secuestros u otras acciones criminales destinadas a inspirar miedo y sumisión en la población y a socavar las bases democráticas que durante tanto tiempo hemos buscado construir en el Paraguay. Ningún justificativo ideológico puede ser esgrimido para privar al pueblo paraguayo de su legítima aspiración a una vida libre de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos.

Asunción, 29 de enero de 2010
Para más información:
Clyde Soto (CMP), Dionisio Gauto (Ñemongetara) y Mirta Ruiz Diaz (Fundación Vencer) por la Coordinación de Turno de la Codehupy. Pilar Royg, Secretaria ejecutiva (0971-284-290). Paris 1031 casi Colón, Asunción. Teléfono: (595-21) 423-875

1Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2007) Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005). Informe al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las violaciones al derecho a la vida en contra de miembros y dirigentes de las organizaciones campesinas en el contexto de la lucha por la reforma agraria en Paraguay. Asunción: Codehupy. Disponible en la página web institucional: www.codehupy.org

2Ver los informes anuales Derechos Humanos en Paraguay, de Codehupy, años 2007, 2008 y 2009, disponibles en la ya citada página web institucional.

3Disponible en la página web institucional: www.codehupy.org

Última actualización el Viernes 29 de Enero de 2010 17:59